Democracia torturadora: ¿al servicio del orden (del capital) mundial?

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Lucha contra el terrorismo y los Derechos Humanos: ¿Quién dijo tortura?

“Jamás puede haber una justificación para permitir violar los derechos humanos por la persecución de un ilícito. Por más grave que este sea. Esas cosas siempre terminan pésimo. La Lucha contra el terrorismo se puede hacer eficientemente en democracia” (Revista Sábado, 20/9/2014)

Nicolás Acevedo Arriaza    EL CIUDADANO

“Jamás puede haber una justificación para permitir violar los derechos humanos por la persecución de un ilícito. Por más grave que este sea. Esas cosas siempre terminan pésimo. La Lucha contra el terrorismo se puede hacer eficientemente en democracia” (Revista Sábado, 20/9/2014). 

Estas palabras no provienen de una pancarta levantada por un defensor de los Derechos Humanos, sino del actual Ministro de Defensa, el democratacristiano Jorge Burgos. ¿Por qué debe hacer estas aclaraciones? ¿No es algo obvio que en una democracia los acusados de algún acto de subversión o terrorismo deben ser respetados en sus derechos? No, no es obvio. Y Burgos sabe de lo que habla.

Como jefe de gabinete del Ministerio de Interior del gobierno de Patricio Aylwin fue protagonista de la lucha en contra las organizaciones rebeldes-armadas de comienzo de los años noventa. Aunque lo negó en su tiempo, los detenidos acusados de “terrorismo”, sufrieron torturas y malos tratos por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Dicho método les permitió desarticular con mayor prontitud sus actividades subversivas.

Y no fue una tarea menor.

Según el informe de Policía de Investigaciones de Chile, las organizaciones subversivas realizaron entre 1990-1995, la suma de 834 detonaciones de bombas, 210 asaltos a bancos, muriendo 22 policías y 23 “extremistas”. El informe policial concluye que estas agrupaciones fueron desarticuladas demostrando que en Chile “el terrorismo puede ser investigado y controlado eficientemente, actuando dentro del marco de estado de derecho, con pleno respeto de la dignidad de las personas” (Revista Detective, N° 82, 1996).

El contexto no fue sencillo. Según Belisario Velasco, subsecretario del Ministerio del Interior, el gobierno de Aylwin no tuvo una institución propia de inteligencia, sino que dependió de Carabineros y la PDI. Pero con ellos no se podía confiar cien por ciento. “El general de Carabineros había sido nombrado por Pinochet y el de la PDI también. No nos hacían caso. Enrique Krauss y yo, no teníamos mayores antecedentes” (The Clinic). Así, después del asesinato de Jaime Guzmán se tomó el camino propio creando el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, creado en 1992.

Como jefe de gabinete del Ministerio de Interior del gobierno de Patricio Aylwin fue protagonista de la lucha en contra las organizaciones rebeldes-armadas de comienzo de los años noventa

Marcelo Schilling fue parte de su jefatura. En los pasillos se le llamó la “Oficina”. El nombramiento de Schilling fue unánime en el gobierno, debido a su experiencia y contactos (Otano, 2006, p. 214). Él prefiere bajar el perfil sobre su elección: “Estarían los otros ocupados”. En lo concreto fue la cabeza del organismo. Hace un año recordó que al comienzo faltaba personal, pero que logró infiltrar a diversas agrupaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “Lo concreto hoy en día es que no hay grupos armados, los empresarios andan sin guardaespaldas y la democracia no está en jaque. Y eso se logró con total respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos” (La Tercera, 19/5/2013).

Ariel y Andrés, asesinados "en democracia"

¿Respeto a los derechos humanos?

Según un informe de las Naciones Unidas entre 1990 y 1996, la tortura dejó de ser una práctica sistemática por la policía, pero los casos fueron “numerosos y serios” (Universidad Diego Portales, 2003, p.108). El gobierno dejó de promoverla, pero no de existir. Gran parte de las denuncias se les atribuyó a Carabineros, con un 78% de los casos (CODEPU). Fueron estos precisamente que negaron dichas acusaciones, argumentando que “es práctica conocida de los delincuentes y terroristas impugnar los procedimientos policiales con denuncias de supuestas torturas” (La Cuarta, 14/6/1991).

Un caso ocurrió en julio de 1991, cuando Policía de Investigaciones detuvo a cinco dirigentes y militantes del MAPU-Lautaro en la ciudad de Concepción. Inmediatamente fueron acusados de ser responsable de la muerte del Prefecto Héctor Sarmiento, asesinado en marzo de 1991 en la puerta de su casa.

La detención se logró producto de un barrido por la octava región ciudad. La Policía localizó a ex militantes del Lautaro en dictadura y de otras organizaciones subversivas. Así se llegaron a obtener pistas de quienes seguían militando. La tortura fue una gran aliada en el procedimiento. Uno de los casos fue relatado por Pedro Rosas en su primer libro (ROSAS, 2004, pp. 169-170), mientras que el resto aparece documentado por la Asociación Mundial en contra la Tortura en su Informe de 1993. El CODEPU informó que la incomunicación de los detenidos fue por veinte días, sin permitirle la presencia de abogados (La Nación, 7/8/1991).

Por otra parte, el vicario de la pastoral de Derechos Humanos de Concepción, Carlos Puentes, confirmó las torturas: “Pedimos todo el rigor de la ley si son culpables, pero sin que se violen sus derechos como personas” (La Época, 28/7/1991). Sería de mal gusto describir los detalles evidenciados por el vicario, pero fueron la continuidad del proceder de la Central Nacional de Investigaciones en la dictadura militar. “Estas cosas hay que denunciarlas, porque no puede ser… es necesario denunciar estos hechos” (Ibídem). La Policía negó dichas acusaciones argumentando que eran falsas (La Época, 8/8/1991).

Con los días, Víctor Hernández, el Ministro en visita del caso “Sarmiento” se comprometió a realizar un sumario por las denuncias, que fueron respaldadas por el Movimiento Sebastián Acevedo (La Época, 6/8/1991), pero la Corte Marcial de la Justicia Militar rechazó el recurso de amparo y las demás acusaciones. Las imputaciones fueron archivadas y el gobierno prefirió respaldar el actuar de la Policía.

Al año siguiente las detenciones de militantes del MAPU-Lautaro continuaron, sobre todo en marzo de 1992 cuando cayeron casi la totalidad de sus dirigentes. Marcelo Schilling se mostró conforme con el trabajo de la “Oficina”, negando que la desarticulación haya provenido de “soplonaje o de delación”. Una de las detenidas aseguró apremios ilegítimos, según confirmó su abogado Hugo Pavez del Codepu. Pero el prefecto Edgardo Rebolledo no aceptó ese tipo de “insultos”. Schilling no hizo comentarios sobre esto, a pesar de que confirmó que la “Oficina” trabajaba estrechamente con Carabineros e Investigaciones (El Mercurio, 11/3/1992).

A los pocos días, el 18 de marzo de 1992, Jorge Burgos afirmó: “se tiene la convicción de que la policía civil no realiza ese tipo de acciones y que, en todo caso, ello debe ser aclarado por los tribunales” (El Mercurio, 17/3/1992). ¿Está seguro de ello señor Burgos? Volvamos al comienzo.

“Jamás puede haber una justificación para permitir violar los derechos humanos por la persecución de un ilícito… La Lucha contra el terrorismo se puede hacer eficientemente en democracia”, dijo hace algunos días el actual Ministro de Defensa Jorge Burgos.

¿Lo habrá dicho pensando en el accionar de la policía en los años noventa?

Historiador y forma parte del equipo editor de la Revista Pretérito Imperfecto.

Revista Red Seca

Nicolás Acevedo Arriaza http://www.redseca.cl/?p=5045

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